Ricardo Ortega
No hay nada más entretenido para los historiadores no profesionales que jugar a la ucronía, a establecer una narración hipotética que parte de una pregunta: «¿Qué habría pasado si un acontecimiento real hubiera ocurrido de otra manera?».
En la Castilla del siglo XV, la legitimidad de una princesa podía depender tanto de lo ocurrido en una alcoba como de lo que unos nobles estuvieran dispuestos a creer. Y, sobre todo, de quién terminara contando la historia. ¿No es cierto que siempre la escriben los vencedores?
Nos referimos, claro, a la sucesión de Enrique IV, una moneda al aire entre su hija Juana y su medio hermana Isabel.
Atención a las carambolas y jugadas que se sucedieron para que Isabel acabara casada con Fernando y ambos empezaran a pergeñar eso que hoy llamamos España.
Todo ello, con una idea sobrevolando el debate: una cosa es que una niña nazca, otra que su padre la reconozca y una tercera, bastante más complicada, que todos acepten los derechos de la pequeña cuando se interponen en el camino de sus propias aspiraciones.
A Juana de Castilla le tocó vivir esta última circunstancia. De forma quizá injusta la conocemos como la Beltraneja, sobrenombre que constituye por sí mismo una pequeña sentencia judicial: antes de discutir las pruebas, ya hemos señalado al culpable.
Su supuesto padre biológico sería don Beltrán de la Cueva, favorito de Enrique IV, y su madre, la reina Juana de Portugal (esposa del rey), habría cometido adulterio.
El problema es que una acusación repetida durante siglos no se convierte por ello en una prueba, por mucho que resulte extraordinariamente útil.
Una paternidad bajo sospecha
Juana nació en 1462 y fue reconocida por Enrique IV como hija legítima. Durante un tiempo, la cuestión parecía resuelta. Pero en la política castellana las certezas tienen una resistencia limitada cuando entran en conflicto con las ambiciones de los poderosos.
Enrique arrastraba desde su primer matrimonio con Blanca de Navarra la fama de impotente, o bien de homosexual. La unión no llegó a consumarse, circunstancia que alimentó las burlas de la corte y proporcionó abundante munición a sus adversarios.
Cuando nació Juana, la sospecha se convirtió en argumento político: si el rey no podía engendrar hijos, ¿cómo iba a ser suya aquella criatura?
Ensayo biológico sobre Enrique IV
Nos recuerda el librero salmantino (de Mogarraz) Venancio Sánchez que el médico, historiador y ensayista Gregorio Marañón (1887-1960) abordó el asunto en su ‘Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla’, publicado en 1930.
Su conclusión merece atención, incluso teniendo en cuenta los límites de los diagnósticos retrospectivos: la impotencia que atribuye al monarca no tenía por qué ser absoluta y, por tanto, no impedía necesariamente una fecundación ocasional.
Tampoco encontró pruebas históricas sólidas que permitieran dar por demostrados los supuestos amores de la reina con Beltrán de la Cueva.
Es decir, que el argumento biológico no resolvía el misterio en contra de Juana. Sin embargo, el argumento político ya había empezado a hacerlo.
Merece la pena destacar la conclusión del informe:
“Don Enrique IV de Castilla fue un displásico eunucoide con reacción acromegálica y con netos rasgos esquizoides; elementos, morfológicos y psíquicos, constitucionales y hereditarios. En relación con estos rasgos de su personalidad, debió padecer una impotencia parcial.
Como les ocurre a estos individuos, fue, sin duda, un tímido sexual, propenso a la incapacidad absoluta, por motivos psíquicos, con ciertas mujeres, sobre todo con las de mayor diferenciación social. Tal ocurrió, sin duda, con su primera mujer, doña Blanca de Navarra.
Todos estos trastornos no invalidan la absoluta posibilidad de que fuera capaz de relaciones sexuales aisladas y eficaces con su segunda mujer doña Juana ni que, por lo tanto, pudiera ser el padre de la Beltraneja.
Es verosímil su tendencia homosexual, fuese o no acompañada de la práctica de este anormal instinto (¡¡¡sic!!!). No hay ningún dato histórico serio que autorice a dar por ciertos los amores de doña Juana con don Beltrán de la Cueva.
Biológica e históricamente, por lo tanto, no hay razón que contradiga la legitimidad de doña Juana, llamada la Beltraneja”.
Isabel y la oportunidad
En cualquier caso, estamos hablando de política. La oposición nobiliaria a Enrique IV desembocó en una crisis abierta, con un reino muy dividido, y la cuestión sucesoria se convirtió en uno de los instrumentos principales de aquella disputa.
Isabel, hermanastra de Enrique, tenía una ventaja evidente: era una alternativa dinástica que podía reunir a quienes deseaban limitar el poder del rey. Juana, en cambio, representaba la continuidad.
En 1468 llegaron los acuerdos de los Toros de Guisando. Enrique reconoció a Isabel como heredera para sellar la paz en Castilla.
El acuerdo de los Toros de Guisando
El Pacto de los Toros de Guisando, acordado entre Enrique IV de Castilla y su hermana Isabel en 1468, pretendía poner fin a la guerra política que dividía al reino. Su consecuencia principal fue que Enrique reconocía a Isabel como heredera al trono, en lugar de su hija Juana. Pero el acuerdo incluía condiciones importantes:
Enrique IV seguía siendo el rey legítimo. Isabel reconocía su autoridad y se comprometía a obedecerle mientras viviera.
Isabel era reconocida como princesa heredera. El rey aceptaba que fuese jurada como su «primera heredera e subcesora» en los reinos de Castilla y León.
Isabel quedaba bajo la supervisión de personas de confianza del acuerdo, entre ellas el arzobispo de Sevilla, Alfonso de Fonseca, hasta su matrimonio.
El matrimonio de Isabel, por cierto, quedaba sujeto a condiciones: el rey tenía capacidad de intervenir en la elección de esposo, aunque el texto también contemplaba la voluntad de la princesa. Este párrafo explica que la boda con Fernando, en el vallisoletano palacio de los Vivero (1469), se realizara de forma clandestina.
Con este acuerdo de 1468 se buscaba restablecer la paz política, dejando sin efecto juramentos anteriores que fueran incompatibles con el nuevo acuerdo.
¿Qué pasó después?
Enrique volvió a reconocer posteriormente a Juana como hija legítima y heredera, y en 1470 la proclamó de nuevo sucesora en Valdelozoya.
¿Caso cerrado? A la vista está que la voluntad regia no siguió una línea precisamente recta. Hubo reconocimientos y rectificaciones que dependían de la correlación de fuerzas: si el rey cambiaba de decisión, en el fondo estaba dando facilidades a sus adversarios para decidir que la decisión que los perjudicaba carecía de validez.
La letra y el espíritu de la sucesión
Aquí conviene detenerse en un detalle que suele quedar sepultado bajo la imagen gloriosa de los Reyes Católicos. La sucesión no se decidió mediante una prueba genética, ni siquiera mediante una sentencia indiscutible sobre la paternidad de Juana. Se decidió mediante acuerdos, juramentos, interpretaciones jurídicas y, finalmente, una guerra.
Marañón recoge testimonios según los cuales el monarca reconoció a Juana como heredera en sus últimos momentos.
También reitera el ensayo que Enrique reconoció a Juana como hija en varias ocasiones, incluso después de haberla apartado de la sucesión en Guisando. Su cronista de Cámara, Diego Enríquez del Castillo, sostuvo que el rey nunca la negó por hija y que siempre la trató como tal.
Dimes y diretes
La cuestión resulta incómoda para una narración demasiado sencilla. Si Enrique reconoció reiteradamente a Juana, ¿por qué habría de darse por definitivamente resuelta su exclusión a partir de un acuerdo político? Y si el acuerdo de Guisando tenía plena fuerza jurídica, ¿qué valor debían tener las posteriores declaraciones del monarca?
Y es que la disputa no consistía únicamente en saber qué había querido Enrique, sino en determinar qué voluntad debía prevalecer.
La existencia de un testamento auténtico y concluyente podría haber aclarado parte del conflicto, pero la documentación que examina Marañón no permite zanjarlo de ese modo.
Cuando la victoria ordena los recuerdos
Muerto Enrique IV en 1474, la disputa dejó de ser una cuestión que pudiera resolver el monarca. Isabel se proclamó reina en la iglesia de San Miguel, en Segovia, mientras los partidarios de Juana defendieron los derechos de esta, apoyada por Portugal.
La guerra de sucesión castellana, concluida en 1479, consolidó el triunfo de Isabel y Fernando.
La victoria tuvo consecuencias políticas evidentes, pero también historiográficas. La reputación de Juana quedó ligada para siempre a un apodo infamante, mientras Isabel pasó a encarnar la legitimidad de una nueva monarquía.
¿Hubo un golpe de Estado?
¿Fue aquello un golpe de Estado? La expresión, aplicada sin matices al siglo XV, puede resultar anacrónica. Pero sí cabe hablar de una operación de sustitución dinástica impulsada por una coalición nobiliaria que convirtió las dudas sobre la paternidad de Juana (además del debate jurídico) en una razón decisiva para apartarla.
Tenemos ya una edad para saber que la política es equivalente de juego sucio, y las monarquías de aquel tiempo no eran seminarios de ética política. Que se lo digan a Fernando el Católico o a su coetáneo, el hábil analista Nicolás de Maquiavelo.
A modo de conclusión
La historia de Juana la Beltraneja deja una enseñanza bastante menos cómoda que la habitual sucesión de reyes y conquistas: el poder no siempre necesita demostrar que tiene razón; a veces le basta con conseguir que su interpretación parezca la única posible. Aunque le cueste una guerra.
Mientras Isabel heredó la corona y la gloria, Juana heredó una duda que no pudo defender con las armas suficientes. Vivió el resto de su vida en un convento.
La historia resolvió quién reinaba. Sobre quién era su padre, en cambio, nunca llegó a dictar una sentencia definitiva.
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