El texto legal que define los derechos de los castellanoleoneses y las competencias regionales celebra sus cuatro décadas de vigencia
Por Edu Mongil
Cuando se habla de los años 80 en España, las conversaciones suelen derivar hacia temas como la Transición, la Movida, el golpe de Tejero o el Mundial de fútbol. Fue una época en la que España trataba de dejar atrás la dictadura franquista y adaptarse a toda prisa a la modernidad de los países occidentales. En este proceso de transformación surgió el debate de cómo organizar territorialmente el nuevo estado democrático español, que acabó desembocando en el actual estado de las autonomías.
Para configurar las entonces desconocidas comunidades autónomas, la Constitución Española estableció en su artículo 2 el llamado “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”, y propuso dos vías para alcanzar dicho reconocimiento: la rápida y la lenta. La rápida estaba destinada a las llamadas regiones históricas, y recogía un reparto de competencias más completo.
Por su parte, la lenta era un modelo indicado para el resto de regiones, que tendrían que desarrollar sus competencias de forma posterior. En Castilla y León se escogió el procedimiento largo, un proceso que no estuvo exento de debate y complicaciones.
A imagen y semejanza de la Constitución Española, las comunidades autónomas crearon los estatutos de autonomía, la norma magna de todos los territorios regionales. El de Castilla y León fue aprobado por las Cortes Generales de forma definitiva, a través de Ley Orgánica, el 25 de febrero de 1983, por lo que este año se ha cumplido su cuadragésimo aniversario de vigencia.
Un procedimiento con algunas dificultades
Las discusiones acerca del contenido del texto y su ámbito de aplicación comenzaron cinco años antes, en junio de 1978. En aquel momento se creó, con sede en Burgos, el Consejo General de Castilla y León, un ente de carácter preautonómico formado por representantes políticos de las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora. Dos años más tarde se unió León, gracias al apoyo de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, y, ya en 1983, Segovia, que había iniciado las gestiones para configurarse como una Comunidad Autónoma independiente, aunque la negativa de su capital provincial paralizó el proceso.
Aunque el Estatuto entró en vigor en febrero, todavía tuvo que sortear obstáculos para consolidarse totalmente. Castilla y León es un lugar diverso que cuenta con diferentes identidades históricas, y eso también tuvo su peso entonces. A pesar del apoyo de los consistorios, la población leonesa mostró cierto rechazo a la idea de unirse al proyecto autonómico, por lo que Alianza Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad para que León se desligase de la recién constituida comunidad autónoma, pero dicho recurso fue desestimado por el Tribunal Constitucional en 1984.
Solo tres modificaciones
Durante sus cuarenta años de vida, la norma fundamental regional ha sufrido tan solo tres modificaciones relevantes. La primera tuvo lugar en 1994, cuando se cambió el texto legal para definir y consolidar nuevas competencias. La segunda fue en 1999, y se instauraron las figuras muy importantes en la actualidad para la vida pública de Castilla y León, como el Consejo Consultivo, el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas de Castilla, además de incluir una de las escasísimas herramientas de democracia participativa que existen en la región, la Iniciativa Legislatura Popular. La última reforma data de 2007, y estableció una protección del idioma leonés y del gallego, en las zonas en las que se usa, y añadió en su preámbulo la definición de Castilla y León como como una comunidad histórica y cultural, heredera de los pretéritos reinos de León y Castilla. 
En este tiempo, los ciudadanos de Castilla y León han visto la evolución de la región, que a su potencial en el sector primario le ha sumado su consolidación como un importantísimo centro turístico a nivel internacional. La esperanza de vida ha aumentado alrededor de 6 años, la economía ha crecido y los servicios han mejorado, pero la despoblación es la gran amenaza que existe, y ante la que no se encuentran soluciones.
A pesar de todas las tensiones, el Estatuto de Autonomía ha acompañado la vida de los castellanoleoneses y mantiene su plena vigencia 40 años después, algo que en 1983 no parecía tarea sencilla. Habrá que ver si dentro de otros cuarenta años los retos actuales se consiguen superar con el mismo éxito.
