El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha presentado hoy el «Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido», una declaración que pide a la Junta de Castilla y León una ordenación del suelo compatible con la protección del patrimonio vitivinícola, paisajístico y turístico de la comarca.
El documento se ha dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo Regulador, en Roa, y nace ya con la adhesión de bodegas, cooperativas y viticultores además de consejos reguladores de otras denominaciones de origen de toda España.
El manifiesto parte de una idea: la Ribera del Duero no es solo una denominación de origen, sino un modelo de desarrollo territorial que tarda décadas en construirse y que puede deteriorarse en pocos años si la regulación falla.
Sobre esa base, sus firmantes reclaman a la Administración autonómica una respuesta normativa que ordene la implantación de instalaciones ganaderas intensivas y plantas de biogás en el territorio protegido.
Un problema de regulación, no de sectores
El texto sitúa el origen del conflicto en un vacío normativo y no en el enfrentamiento entre actividades. Señala que el Decreto-Ley 4/2020, aprobado para agilizar la economía tras la pandemia, eliminó para numerosas instalaciones ganaderas la obligación de obtener licencia ambiental ordinaria y abrió un régimen de comunicación que permite autorizar explotaciones de impacto significativo sin evaluación técnica previa suficiente.
El manifiesto se apoya en el informe técnico elaborado por el Gabinete de Ingeniería Rural para el Consejo Regulador en 2021 (expediente BU-032/21), que identifica los compuestos que generan estas instalaciones y las distancias a las que pueden afectar a los viñedos y al trabajo en las bodegas.
«No es un manifiesto contra la ganadería ni contra ningún sector de la economía rural. Es un manifiesto a favor de la ordenación responsable del territorio y de la compatibilidad real entre usos productivos», ha señalado Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador. «El problema no es la ganadería: es una regulación que no distingue entre instalaciones compatibles y las que no lo son por su tamaño, su proximidad o su impacto acumulado».
Lo que pide el manifiesto
Los firmantes solicitan a la Junta de Castilla y León que adopte, en el plazo más breve posible, un conjunto de medidas:
-Restaurar la licencia ambiental ordinaria como requisito para toda instalación ganadera intensiva en el ámbito de la Denominación, sin excepción por tamaño.
-Establecer distancias mínimas de protección, con base técnica objetiva, respecto a viñedos, bodegas, establecimientos de enoturismo y núcleos rurales.
-Revisar el Decreto-Ley 4/2020 para sustituir el régimen de comunicación ambiental por un procedimiento de evaluación proporcional al tamaño, la ubicación y el impacto acumulado.
-Dotar a los ayuntamientos de instrumentos de ordenación que les permitan actuar con seguridad jurídica, sin exposición a responsabilidad patrimonial.
-Crear un mecanismo estable de consulta y coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la Consejería competente.
Un sector con peso económico y social
El manifiesto subraya la dimensión económica de lo que está en juego. Según el estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers por encargo del propio Consejo Regulador en noviembre de 2025, la Denominación de Origen Ribera del Duero genera un impacto directo e inducido de 1.333 millones de euros en el PIB nacional, sostiene 20.916 empleos directos e indirectos en su área de influencia y aporta 459 millones de euros anuales en recaudación fiscal.
A ello se suma su papel como destino turístico -más de 600.000 visitantes en 2023- y como factor de fijación de población en un entorno con riesgo de despoblamiento.
Una declaración abierta
Hasta la fecha, el manifiesto ha sido suscrito por bodegas, cooperativas y viticultores de la Denominación, así como por consejos reguladores de otras denominaciones de origen españolas, como Rioja, Jerez, Bierzo, Cariñena o Arlanza. A ellos se suman asociaciones empresariales del sector, entidades locales y firmantes a título individual.
El documento, dirigido en primer lugar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, permanece abierto a la adhesión de organizaciones, empresas, instituciones y ciudadanía. «Proteger la Ribera del Duero es proteger un modelo de futuro para la España rural», concluye el texto.
