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La DO Ribera y el sector porcino, en guerra por la instalación de granjas

Las bodegas aseguran que la implantación de explotaciones ganaderas es excluyente con una actividad que desarrollan en «un entorno único»

Edu Mongil

Las bodegas y las granjas de porcino han iniciado un enfrentamiento que tiene difícil arreglo. Ante los proyectos de instalación de explotaciones ganaderas y plantas de biogás en el entorno de la Ribera del Duero, el Consejo Regulador de la DO ha mostrado su rechazo por considerar que “pone en peligro” la singularidad de la zona para crear vinos de calidad.

Aseguran desde el órgano regulador que “se respetan aquellas iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona, siempre y cuando su establecimiento no ponga en peligro la principal economía y forma de vida de la comarca”. Por su parte, el sector porcino se queja de que la presión de las bodegas está atascando los expedientes para poner en marcha nuevas granjas.

La DO Ribera del Duero asegura que hay alternativas viables para la instalación de las explotaciones en otras zonas, y no “en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural”.

Los profesionales de este sector recalcan que “Ribera del Duero es una región vinícola de referencia nacional e internacional, siendo la Ruta del Vino la tercera más visitada de España, y teniendo entre sus atractivos el propio patrimonio natural. El entorno y el terruño son los elementos más valorados por el consumidor, una riqueza incuestionable que atrae además a prescriptores y prensa internacional, que diferencia a la región de otras zonas elaboradoras del mundo”.

Según el Consejo Regulador, la zona amparada por la DO Ribera del Duero, abarca una pequeña parte de la geografía regional y ofrece unas condiciones únicas y especialmente adecuadas para la producción de uva y la elaboración de vinos de excepcional calidad. Consideran, además, que esta vinculación de la calidad de la producción con el territorio es de carácter esencial, no se puede obtener fuera de la zona amparada.

También aseguran que los viticultores y bodegueros no obtendrían los mismos resultados en otros territorios, a diferencia de lo que sucede con las otras actividades, que no tienen vinculación con ningún territorio concreto y pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción.

El porcino quiere dialogar

Por su parte, Miguel Ángel Ortiz, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (FEPORCyL), señala que los ganaderos están “dispuestos a hablar para que no exista un conflicto entre dos sectores estratégicos como el del vino y el del porcino”, señala. Sin embargo añade que “ha sido imposible establecer ese diálogo y nos ha llegado información de que se mueven hilos con diferentes consejerías de la Junta para establecer un cambio en el marco legal con unas condiciones que nos asustan”. Por ejemplo, con medidas como acotar las granjas a suelos declarados de especial protección, pero no en suelo rústico.

En relación con estas medidas, la Revista Campo se ha dirigido tanto a la consejería de Agricultura como a la de Medio Ambiente, que no han aportado información sobre esta supuesta guerra.

“Reiteramos nuestra oferta de diálogo, pero no siempre vamos a ser nosotros quienes pongamos la otra mejilla”, advierte Ortiz, para quien la postura del Consejo Regulador de la DO Ribera dibuja “un mundo al revés”. “Pretenden que a las granjas se nos considere actividad industrial, cuando no lo somos, mientras que ellos se despojan de esa condición, cuando son empresas que producen alcohol”, subraya.

De hecho, “nosotros podríamos denunciar a muchas bodegas por una serie de cuestiones, como el empleo de fitosanitarios o por los alambres para el viñedo en espaldera, que tiene muchas consecuencias para la fauna, pero no lo vamos a hacer porque en las guerras perdemos todos”, subraya.

El presidente de Feporcyl ya ha solicitado una entrevista con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien pide “que no tenga miedo a hablar con nosotros”. También recuerda el elevado número de expedientes para la instalación de nuevas granjas “que llevan meses atascados en la consejería de Medio Ambiente”.

La DO Ribera del Duero insiste en que la implantación de “industrias excluyentes, como son las mencionadas anteriormente, junto a otras instalaciones o cultivos ya operativos y consolidados que se verán desplazadas o directamente destruidas al no tener alternativas, no puede ampararse en el ejercicio del derecho de libertad de empresa, puesto que precisamente implica que el titular de la actividad excluyente prive a los demás del ejercicio de ese derecho”.

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