Por Aitana Sánchez
Juan de Dios Álvarez Mendizábal (nacido el 25 de febrero de 1790 en Cádiz y fallecido el 3 de noviembre de 1853 en Madrid) fue un político liberal y hombre de negocios de origen relativamente humilde que destacó como el principal protagonista de la Revolución liberal española.
La desamortización de Mendizábal fue un proceso gubernamental de comercialización de tierras y bienes propiedad de la Iglesia católica y que se produjo a mediados del siglo XIX. Esta operación de expropiación recibe el nombre de Mendizábal por ser el que la impulsó.
Los inicios
La primera guerra carlista vio enfrentarse a los partidarios de la reina Isabel II (y de la regente María Cristina) con los defensores de Carlos María Isidro como aspirante al trono español. Durante esta etapa, Mendizábal tuvo que buscar fondos para financiar los gastos de la contienda.
El ministro decidió llevar a cabo una estrategia previamente planeada por el Conde de Toreno: expropiar y vender los bienes de la Iglesia, tanto de órdenes regulares como seculares. Estas tierras habían llegado a la Iglesia por medio de donaciones, herencias y abintestatos (sucesiones de personas fallecidas sin herederos).
Así, la desamortización de Mendizábal consistió en la confiscación de las tierras eclesiásticas (llamadas ‘manos muertas’, por su escasez de producción) y la venta al mejor postor a través de una subasta pública.
El objetivo original fue el de obtener fondos para costear la guerra civil contra los carlistas, pero el ministro de Hacienda aprovechó la oportunidad para lograr otros propósitos. Al venderse los terrenos y propiedades de la Iglesia, se podían llevar a cabo inversiones en el campo que la institución eclesiástica no podía o no deseaba realizar. Además, gracias a la desamortización, la propiedad de los terrenos pasó a manos privadas y se favoreció principalmente a la burguesía y la nobleza.
La desamortización consistió en la subdivisión de las fincas más extensas para aumentar el número de parcelas a la venta. Se ofertaron dos millones de lotes, y los interesados podían optar por abonar el precio a plazos o mediante la cancelación de deuda pública, opción que resultaba más ventajosa para el Estado: al reducir los débitos del país, mejoraban sus cuentas financieras.
Las oligarquías españolas del siglo XIX se caracterizaron por recurrir a estrategias para mantener su poder e influencia. Muchas veces, los grandes propietarios reunían pequeños lotes para volver a formar las grandes fincas que se habían parcelado, lo que contaba con el apoyo de los ayuntamientos encargados de la distribución de tierras.
Miles de hectáreas desamortizadas
En los territorios que hoy forman Castilla y León, esta desamortización tuvo una gran influencia. Los bienes de la Iglesia eran la fuente de ingresos para muchas ciudades y pueblos. La institución tenía influencia política y social, lo que resultaba en una gran desigualdad social.
Con la desamortización de Mendizábal, estos bienes fueron expropiados y vendidos a particulares, lo que permitió que la región se desarrollara, se modernizara y prosperara, pues estaba atrasada en comparación con otros lugares de España. Muchos de los bienes desamortizados fueron usados para construir infraestructuras, como carreteras, ferrocarriles, escuelas y hospitales.
La desamortización fue particularmente intensa en provincias como Valladolid. Cerca de 58.600 hectáreas de fincas rústicas, distribuidas en algo más de 54.000 parcelas, fueron desamortizadas. Esto supone aproximadamente el 7,2 % del total de la extensión de la provincia. Entre las tierras desamortizadas, predominan las tierras de labor (casi 93%); el resto se distribuye entre montes y pastos (4,3%), viriedos (2,9%) y huertos (0,2%).
La desamortización también afecta a 745 fincas urbanas o edificaciones. Fuera de las casas desamortizadas en la ciudad de Valladolid y en Medina de Rioseco (las tres cuartas partes del total), los pueblos de la provincia se ven muy poco afectados por la desamortización urbana.
Los conventos no vendidos por el Estado fueron dedicados a fines benéficos, militares, docentes, culturales o de uso público; algunos se arrendaron y otros se quedaron sin ningún uso y fueron arruinándose poco a poco.
Los edificios de conventos subastados y vendidos fueron adquiridos por comerciantes, hacendados, industriales, funcionarios y profesionales, que instalaron en ellos casas de labor, posadas, industrias, o los demolieron y aprovecharon sus solares para construir bloques de viviendas. También hubo 34 molinos desamortizados, que suponen el 26% de los que existían en la provincia.
Entre los compradores hay un neto predominio de los urbanos; socialmente, los que adquieren molinos son clases medias y buena parte de éstos forma parte de la burguesía; profesionalmente, se dedican al comercio, industria, profesiones liberales, o simplemente, son hacendados. La mayoría del resto de las fincas urbanas son «almacenes», que los adquieren acaparadores (hacendados y comerciantes).
En un radio de un kilómetro alrededor de la llamada Finca Matallana (Villalba de los Alcores) se han descubierto varios yacimientos arqueológicos de gran valor científico que han sido analizados con detenimiento y que muestran la ocupación humana de esta área desde hace miles de años.
En el siglo XIX, el monasterio cayó en una acelerada decadencia, y fue saqueado por las tropas napoleónicas. Después de la desamortización de Mendizábal, el monasterio fue definitivamente abandonado. Esta ruina tuvo una curiosa conexión con el inicio de la monumental obra pública del Canal de Castilla, ya que se utilizó como cantera para su construcción.
El Monasterio, fundado en 1147 por los monjes cistercienses bajo el auspicio de la infanta doña Sancha de Castilla, está rodeado de una robusta muralla construida en 1550. Tras la desamortización de Mendizábal, los monjes abandonaron el lugar.
Imagen: Matallana
