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Vecinos de 6 municipios de Segovia contra la creación de una gran mina de cuarzo

Ecologistas y vecinos del nordeste de Segovia se han organizado para frenar el proyecto de apertura de una gran mina de cuarzo. La empresa explotadora anuncia que creará 31 puestos de trabajos

Daniel González

La posible creación de una gran mina de cielo abierto para la extracción de cuarzo ha puesto en alerta a los más de 700 vecinos de 6 municipios del nordeste de la provincia de Segovia. La zona afectada abarcaría terreno perteneciente a los municipios de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo, con un total de 2.720 hectáreas, de las cuales se explotarían 1.658. Además, otro elemento a destacar es la larga duración de la concesión, 30 años prorrogables, que según los vecinos conllevaría un impacto no sólo en extensión sino también duradero en el tiempo.

La concesión ha sido solicitada a la Junta de Castilla y León por la empresa Explotación de Rocas Industriales y Minerales, S.A (ERIMSA), domiciliada en La Coruña. Se trata de una filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar.

La razón de la enorme superficie afectada es que el material con interés minero ocupa una capa muy superficial del terreno cuyo espesor medio es de 1,62 metros. El fin de esta mina sería la extracción de gravas de cuarzo para la obtención de cuarzo metalúrgico cuyo destino final, de acuerdo con el proyecto sería “su exportación hacia Noruega y otros países”.

El Duratón entre Duruelo y Sotillo, municipios afectados por la posible ubicación de la mina. Foto de la Plataforma contra la mina a cielo abierto

Ecologistas presentan alegaciones

Ecologistas en Acción de Segovia considera que se trata de «uno de los proyectos con un impacto ambiental más negativo para la provincia de los últimos 20 años«. Alegan que la explotación minera conllevaría un profundo impacto en las zonas explotadas, incluyendo cambios drásticos en las propiedades de los suelos, dedicados mayoritariamente a la agricultura, y en el paisaje.

Aunque el proyecto contempla que, una vez cribados para extraer el cuarzo, la mayoría de los materiales extraídos sean devueltos al terreno, Ecologista defienden que el sistema de explotación a cielo abierto conllevaría un profundo impacto en las zonas explotadas, incluyendo cambios drásticos en la estructura del suelo y en su porosidad del suelo.

La magnitud de la destrucción ambiental y paisajística que provocaría el proyecto contrasta con la escasa creación de empleo que conllevaría, ya que, según la documentación presentada por la empresa solicitante de la concesión de explotación, en el periodo de explotación minera sólo sería necesario contar con un operador de retroexcavadora, un operador de la pala cargadora, un operario encargado de la planta móvil de cribado y un titulado de minas, más los conductores de los camiones que transporten el material extraído.

«En este sentido, parece evidente que los perjuicios económicos para los pueblos de la zona (entre ellos, destrucción de tierras agrícolas y pérdida de atractivo para el turismo rural) superarían con creces los posibles beneficios», señalan desde la organización.

Tras valorar las circunstancias que concurren en este proyecto, Ecologistas en Acción de Segovia ha decidido presentar alegaciones ante la Junta de Castilla y León con el objetivo de que la solicitud de autorización minera sea rechazada.

Erimsa anuncia que la mina creará más de 30 puestos de trabajo

La empresa explotadora, Erimsa, también ha hablado al respecto y defiende que su minería es sostenible y que toda actividad minera está muy reglada y regulada en España, por lo que no caben prácticas perjudiciales. «El compromiso de la compañía es dejar la mínima huella ambiental posible, proteger la biodiversidad y lograr que los planes de restauración consigan la integración total de estas zonas en el paisaje para que se pueda continuar desarrollando actividades como el turismo rural y otras tradicionales, como la agropecuaria», apuntan.

A nivel local, Erimsa anuncia que la mina creará más de 30 puestos de trabajo, directos e indirectos, ya que la empresa coruñesa está reabriendo instalaciones en Barbolla para su procesado.

Desde la compañía se quiere dejar constancia de que el sistema de trabajo propuesto en este proyecto es idéntico al que se viene realizando en las provincias de Salamanca y Ávila durante los últimos 25 años, por lo que invita a cualquier parte interesada a visitar sus instalaciones para ver de primera mano la actividad y resolver cualquier duda que pueda surgir.

Erimsa en Salamanca

Vecinos forman una Plataforma para mostrar su oposición

Otro factor a tener en cuenta, denunciado por los ecologistas es la pérdida de calidad ambiental para los vecinos y vecinas de los municipios afectados. «Deberían sufrir durante décadas los ruidos, el polvo y los riesgos asociados al trasiego constante de camiones por los caminos y carreteras locales», añaden.

Por su parte, los habitantes de la zona afectada también se han posicionado. Han constituido una Plataforma para mostrar su oposición a la propuesta. «Esta iniciativa surge ante la preocupación de muchas personas y organizaciones que vemos en este proyecto una amenaza para nuestro medio ambiente y nuestro patrimonio natural y cultural», defienden en su página web.

Según la información de diversas organizaciones ecologistas, informes de expertos en medioambiente y artículos en prensa que han consultado sobre experiencias similares en otras zonas, «una mina de estas características tendría un impacto negativo en la naturaleza que nos rodea, afectando el agua, el suelo, la flora y fauna de la zona, alterando los usos tradicionales de la tierra y poniendo en peligro la forma de vida de las personas que residen y trabajan en la zona».

En cuanto a las posibilidades de creación de empleo y fomentar la actividad económica en la zona del proyecto, desde la plataforma creen que los beneficios son insuficientes para justificar los riesgos que plantea para la comunidad. «Los ingresos generados por la mina serían mínimos para los propietarios de las fincas afectadas, y los empleos que se crearían, escasos», señalan.

Ya se ha creado una petición de firmas en change.org que a fecha de hoy reúne más de 2.600 firmas. 

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