En ocasiones merece la pena bucear en la normativa autonómica para tener claro de qué nos hablan cuando nos informan de que un determinado producto está amparado por una figura de calidad.
Quizá las más desconocidas sean la marca de calidad (MC) y la marca de garantía (MG), que aunque parezcan los parientes pobres tienen mucha importancia para ordenar el panorama y defender a determinados productos ligados a un territorio.
Una marca de garantía o colectiva hace referencia a un producto agroalimentario cuya composición, origen o proceso productivo se encuentran regulados en un reglamento de uso.
Esa norma es de aplicación voluntaria por parte de los operadores y su nombre y logotipo sirven para diferenciar el producto en el mercado.
El reglamento de uso debe contar con un informe favorable del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, previo a su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En concreto, se entiende por marca colectiva aquella que sirve para distinguir en el mercado productos o servicios de los miembros de una asociación de productores o elaboradores, que es la titular de la marca.
Por su parte, la marca de garantía certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes.
En especial, esas premisas conciernen a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración.
Por cierto, la diferencia entre la MG y otras figuras más estrictas, como la DO o la IGP, radica en que en estas últimas existe una relación de causa-efecto entre el territorio en que se obtiene el producto y sus cualidades.
En el caso de la DO todos los pasos del proceso productivo deben realizarse dentro de la comarca amparada, mientras que en el caso de la IGP alguna de las fases puede no tener lugar en ella.
