Si algo caracteriza a Castilla y León es su amplio y diverso patrimonio cultural, orgullo de cada una de las ciudades y comarcas que configuran nuestra comunidad. Sin embargo, la dura despoblación que estamos sufriendo y malas prácticas están suponiendo una pérdida irreparable de muchos bienes patrimoniales. La Administración se ve incapaz de llegar a todos los lugares, y pese a los esfuerzos que realiza, se ve incapacitada. Existen buenas empresas especializadas en conservación y rehabilitación y cada vez están saliendo nuevos ejemplos de gestión de bienes patrimoniales… Sin embargo, es insuficiente para abarcar la protección y gestión del ingente patrimonio existente.
Mientras sucede esto, la sociedad civil no está teniendo el protagonista requerido, ni demandado por las administraciones, en relación con el patrimonio.
A nivel europeo algo ha cambiado en los últimos años. En 2005 se celebra el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, más conocido como Convenio de Faro, un tratado multilateral del Consejo de Europa por el cual los Estados se comprometen a proteger el patrimonio cultural y los derechos de los ciudadanos a acceder y participar en dicho patrimonio.
Este convenio se basa en la idea de que el patrimonio forma parte del derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural. El Convenio de Faro presenta el patrimonio cultural como un recurso para el desarrollo humano, la valorización de la diversidad cultural y el fomento del diálogo intercultural, así como un modelo de desarrollo económico basado en los principios del uso sostenible de los recursos. También se incluye promover el acceso a la tecnología digital y su uso en el contexto del patrimonio cultural.
El Convenio se abrió a la firma el 27 de octubre de 2005 en Faro (Portugal), y entró en vigor el 1 de junio de 2011 tras ser ratificado por diez Estados. Actualmente cuenta con la firma de 28 Estados europeos. España firmó el Convenio de Faro el 12 de diciembre de 2018, confirmado en el instrumento de ratificación depositado el 7 de abril de 2022. Las comunidades autónomas, competentes en esta área, son las administraciones que deben seguir en esta línea de trabajo y coordinación con el tejido asociativo.
Desde hace décadas, en Castilla y León el voluntariado forma parte activa de la promoción y valorización del patrimonio cultural. Ejemplos como los sacristanes de las iglesias parroquiales o los ‘Voluntarios Culturales Mayores’ para enseñar los Museos de España a niños, jóvenes y jubilados, son muestra de ello.
Para hablar de voluntariado y de su valor en relación con el patrimonio cultural es preciso desterrar la idea de que se está recurriendo a una fórmula que precariza el trabajo técnico y lo devalúa. Más bien, al contrario, lo que el voluntario aporta es valioso para el patrimonio, su gestión y su estimación social. Su valor incluye, sin duda alguna, formación, seguimiento, evaluación y un sistema que permita una recompensa adecuada a sus intereses y motivaciones individuales y de grupo. Eso, evidentemente, requiere trabajo y ahí es donde puede producirse el error de equiparar voluntariado y gratuidad.
No obstante, es indispensable la coordinación de todos los agentes en la gestión patrimonial, integrando el voluntariado en los procesos de socialización a través del interés por lo común y el beneficio no económico del individuo. Integrar a la comunidad en ese objetivo patrimonial, a través de las prácticas de actividades diversas y satisfactorias para las personas, las comunidades y sus bienes, supone esfuerzo y beneficio personal y colectivo innegable, sin concurso de una ganancia pecuniaria por ello. El voluntariado ha de tener sus derechos y sus recompensas, que no serán lo mismo que el trabajo técnico remunerado.
Parece muy adecuada la fórmula de concertación de alianzas entre los diferentes agentes de gestión del patrimonio cultural, ya sea a través de acuerdos de actuación o compromisos plasmados en protocolos, convenios, federaciones, fundaciones, mecenazgo, etc.
La aportación de la sociedad civil es cada vez más evidente y protagonista en el patrimonio. El beneficio del patrimonio cultural está directamente relacionado con el desarrollo de la sociedad, que aprovecha para compartir experiencias culturales o sociales de sus antepasados, como un elemento identitario cultural necesario para compartir experiencias.
No solo el patrimonio cultural se beneficia de que la sociedad civil participe en su gestión, sino que la sociedad encuentra en el patrimonio cultural una ocasión para la cohesión social, la convivencia entre las personas, el hecho de compartir experiencias que está aparejado con la ampliación de la cultura y conservar la propia idiosincrasia de nuestros pueblos en un momento clave para su subsistencia.
En esta línea, la principal entidad que está trabajando para coordinar las acciones del asociacionismo en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural es la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, entidad que nació hace veinte años como aglutinadora de las necesidades de protección en las ciudades Patrimonio de la Humanidad en Castilla y León y que actualmente, adaptándose a los tiempos, está sirviendo para aglutinar a todos los colectivos interesados en poner el foco en los ciudadanos, tal como destaca el Convenio de Faro.
La participación ciudadana tiene que tener un protagonismo vital en las políticas relacionadas con el patrimonio cultural de España, y de Castilla y León en concreto, por el bien del desarrollo territorial y del patrimonio, que estamos perdiendo paulatinamente.
